ene 113 min.
Es una garantía para preservar esta riqueza milenaria que en ocasiones se ha visto amenazada
El Congreso de la Unión tiene una deuda histórica con las comunidades, naciones y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que no puede esperar más: se trata del derecho a tener derechos de aquellos pueblos que nos dieron origen como Nación.
En México, se han identificado al menos 68 pueblos indígenas o pueblos originarios. Cada uno cuenta lenguas y cosmovisiones propias. A pesar de que México es un país multiétnico y pluricultural, de acuerdo con el artículo segundo Constitucional, nuestros pueblos originarios no cuentan con mecanismos que garanticen efectivamente su derecho a autodeterminarse y a participar en la vida política en nuestro país. Lo anterior, dada la ausencia de una ley en materia de consulta libre, previa, informada y culturalmente adaptada.
Si bien los estándares internacionales en la materia, han sido claros y aún cuando la Suprema Corte de la Nación estableció en el año 2020 que “todas las autoridades de nuestro país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar alguna acción o medida susceptibles de afectar sus derechos e intereses”, el Congreso de la Unión y en particular, la Cámara de Senadores no ha aprobado la minuta sobre Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Lo anterior, en virtud de que el Congreso de la Unión no tiene facultades expresas para legislar en la materia. Por esta razón, y dada esta deuda histórica, que debemos atender con responsabilidad y de manera prioritaria, presenté una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de la Consulta Libre, Previa e Informada y podamos votar y aprobar la propuesta enviada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el INEGI, existen 25 millones de personas que forman parte de una comunidad, pueblo o nación Indígena o Afromexicana, en donde viven guardianes de una inmensa riqueza cultural y espiritual, con cosmovisiones propias y saberes ancestrales que deben de ser preservadas.
El derecho a la consulta libre, previa e informada, además de tener que ser culturalmente adecuada y realizada de buena fé, es una garantía para preservar esta riqueza milenaria que en tantas ocasiones se ha visto amenazada.
El derecho a la consulta no solo es nuestro deber como legisladores y legisladoras, sino que es nuestra obligación escuchar las voces ancestrales que han solicitado de manera paciente y respetuosa, que se garantice este derecho indispensable.
Lo anterior, no puede estar sujeto a discusión. México firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1989 donde se establece que el derecho a la consulta previa es un deber estatal y un derecho de los pueblos indígenas, sin embargo, a nivel nacional falta claridad y una legislación que garantice las consultas y la forma de llevarlas a cabo.
La propuesta que presenté es también, un gesto de reciprocidad con nuestros pueblos originarios que, han preservado conocimientos ancestrales que ameritan ser escuchados, respetados y tomados con toda seriedad. Los pueblos originarios tienen el derecho a expresarse y participar en la vida política del país, como parte esencial de su autodeterminación.
Por todo lo anterior, abrazo esta propuesta con el compromiso de reconocer y respetar la riqueza cultural de nuestro país. La consulta previa no es simplemente un proceso legal; es un acto de reconocimiento y valoración de las voces diversas que componen nuestra nación. Es un paso fundamental para la construcción de un México unido y diverso en el que la voz de los pueblos originarios sea escuchada.