Es una garantía para preservar esta riqueza milenaria que en ocasiones se ha visto amenazada
El Congreso de la Unión tiene una deuda histórica con las comunidades, naciones y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que no puede esperar más: se trata del derecho a tener derechos de aquellos pueblos que nos dieron origen como Nación.
En México, se han identificado al menos 68 pueblos indígenas o pueblos originarios. Cada uno cuenta lenguas y cosmovisiones propias. A pesar de que México es un país multiétnico y pluricultural, de acuerdo con el artículo segundo Constitucional, nuestros pueblos originarios no cuentan con mecanismos que garanticen efectivamente su derecho a autodeterminarse y a participar en la vida política en nuestro país. Lo anterior, dada la ausencia de una ley en materia de consulta libre, previa, informada y culturalmente adaptada.
Si bien los estándares internacionales en la materia, han sido claros y aún cuando la Suprema Corte de la Nación estableció en el año 2020 que “todas las autoridades de nuestro país, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de adoptar alguna acción o medida susceptibles de afectar sus derechos e intereses”, el Congreso de la Unión y en particular, la Cámara de Senadores no ha aprobado la minuta sobre Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Lo anterior, en virtud de que el Congreso de la Unión no tiene facultades expresas para legislar en la materia. Por esta razón, y dada esta deuda histórica, que debemos atender con responsabilidad y de manera prioritaria, presenté una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de la Consulta Libre, Previa e Informada y podamos votar y aprobar la propuesta enviada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el INEGI, existen 25 millones de personas que forman parte de una comunidad, pueblo o nación Indígena o Afromexicana, en donde viven guardianes de una inmensa riqueza cultural y espiritual, con cosmovisiones propias y saberes ancestrales que deben de ser preservadas.
El derecho a la consulta libre, previa e informada, además de tener que ser culturalmente adecuada y realizada de buena fé, es una garantía para preservar esta riqueza milenaria que en tantas ocasiones se ha visto amenazada.
El derecho a la consulta no solo es nuestro deber como legisladores y legisladoras, sino que es nuestra obligación escuchar las voces ancestrales que han solicitado de manera paciente y respetuosa, que se garantice este derecho indispensable.
Lo anterior, no puede estar sujeto a discusión. México firmó y ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1989 donde se establece que el derecho a la consulta previa es un deber estatal y un derecho de los pueblos indígenas, sin embargo, a nivel nacional falta claridad y una legislación que garantice las consultas y la forma de llevarlas a cabo.
La propuesta que presenté es también, un gesto de reciprocidad con nuestros pueblos originarios que, han preservado conocimientos ancestrales que ameritan ser escuchados, respetados y tomados con toda seriedad. Los pueblos originarios tienen el derecho a expresarse y participar en la vida política del país, como parte esencial de su autodeterminación.
Por todo lo anterior, abrazo esta propuesta con el compromiso de reconocer y respetar la riqueza cultural de nuestro país. La consulta previa no es simplemente un proceso legal; es un acto de reconocimiento y valoración de las voces diversas que componen nuestra nación. Es un paso fundamental para la construcción de un México unido y diverso en el que la voz de los pueblos originarios sea escuchada.
