El Senado de la República actualmente analiza una serie de propuestas que buscan modificar la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal para implementar disposiciones relacionadas con Propiedad Intelectual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Muchas de estas propuestas además de no ser urgentes ni necesarias, podrían vulnerar derechos humanos como la libertad de expresión y limitar actividades profesionales y de calidad de vida de la población.
Los cambios regulatorios propuestos tendrán un impacto directo e indirecto en el desarrollo de Internet y la innovación; ya que estas modificaciones al Código Penal Federal buscan criminalizar y castigar con prisión a las personas que evadan “medidas tecnológicas de protección”. Estas medidas de protección son conocidas también como “candados digitales” y se refieren a las configuraciones de fábrica que las empresas colocan en los dispositivos electrónicos o en programas informáticos con el objetivo de impedir que sean copiados, modificados o usados con fines distintos a los estipulados por el fabricante.
De acuerdo a organizaciones como R3D (Red de Defensa de los Derechos Digitales) las modificaciones propuestas atentan contra libertades y en el caso de los llamados candados digitales se advierte que estos “dispositivos y sistemas no solo impiden potenciales infracciones a derechos de autor, también obstaculizan el ejercicio de derechos y el desarrollo de actividades que benefician al interés público y requieren eludir dichas limitaciones para ser llevadas a cabo. “
Algunos ejemplos que han mencionado son los siguientes:
Investigaciones para eludir candados digitales con el propósito de detectar vulnerabilidades de seguridad o para inhabilitar la recolección de sus datos personales, cuya reparación beneficia la seguridad de millones de personas;
Pacientes, investigadores y médicos necesitan eludir candados digitales para conocer, fabricar, mejorar o reparar dispositivos fundamentales para el cuidado de la salud como marcapasos o en el caso de la pandemia por Covid19 fue necesario para la reparación o fabricación de respiradores mecánicos;
Personas con discapacidad resultan excluidas de algunos de sus derechos a menos que se puedan eludir candados digitales con fines de accesibilidad, como puede ser el caso de algunos libros electrónicos;
Negocios independientes de reparación de aparatos de todo tipo crecientemente necesitan eludir candados digitales para poder ofrecer sus servicios, fomentar la competencia y evitar monopolios de refacción por parte de los fabricantes;
Además, criminalizar este tipo de prácticas puede desencadenar en la imposición de barreras de entrada para el surgimiento de nuevas plataformas y modelos disruptivos. En Estados Unidos por ejemplo, se hace una revisión exhaustiva sobre las excepciones a estos candados y se escucha a quienes pueden verse impactados por esas medidas de protección, excepciones que no están previstas en los proyectos legislativos de México.
No podemos olvidar la relevancia del tratado para fortalecer el comercio internacional de nuestro país. El T-MEC debe atender en buena medida disposiciones para proteger aspectos relacionados con la propiedad intelectual de las empresas de los países involucrados y representa una oportunidad valiosa para que el Senado proponga medidas modernas, eficientes y que no vulneren los derechos de las personas usuarias al implementar el tratado en el ámbito de la propiedad intelectual.
Hacerlo con este enfoque requiere de una discusión más profunda y más abierta, una que involucre a todos los sectores de la sociedad y donde los impactos de la legislación sean considerados con seriedad. Una de las razones por las que hablado en favor de construir un Parlamento Abierto es justamente para que este tipo de iniciativas no puedan ser aprobadas sin un proceso deliberativo y colaborativo, que considere no solo las intenciones a la hora de elaborar proyectos, sino también sus impactos diferenciados.