A finales del año pasado, se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que busca crear un registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil asociado a sus datos biométricos. Esta propuesta fue discutida el pasado 16 de marzo en las Comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos del Senado de la República.
Debemos recordar que este tipo de padrón de usuarios de telefonía móvil fue ya implementado sin éxito en 2008 durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón. Se le denominó Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT). El RENAUT fue eliminado en 2011 debido a una filtración de sus bases de datos que fue vendida en el mercado negro.
De acuerdo con información de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, la implementación del RENAUT no condujo a una reducción de los delitos de extorsión y secuestro, por el contrario, estos repuntaron en 40 y 8 por ciento respectivamente, durante el periodo de vigencia del registro.
El contenido del dictamen preocupa, ya que no existe evidencia o argumento sólido que indique que la implementación de un registro biométrico de líneas telefónicas sea una herramienta eficaz para combatir el crimen, y por el contrario, alerta sobre los potenciales riesgos y la falta de garantías a la privacidad de los usuarios. Además, la tecnología está en constante evolución y a pesar de la existencia de este registro, los delincuentes pueden encontrar formas de pasar desapercibidos al utilizar un dispositivo móvil.
El debate entre cuidar la privacidad de los usuarios para implementar presuntas medidas de seguridad, no es nuevo. Estuvo muy presente desde los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos y continúa siendo una interrogante. En definitiva es algo que como Gobierno y ciudadanos debemos analizar en conjunto. Ya que es un hecho que en México, todavía nos falta camino por recorrer para implementar y garantizar la ciberseguridad de nuestras instituciones y por ende de los datos por ellas recopilados.
Es cierto que el Gobierno debe avanzar en la implementación de mecanismos que faciliten la utilización de datos y que protejan el derecho a la privacidad de sus ciudadanos. Pero antes de eso, debe crear la infraestructura de ciberseguridad que garantice la seguridad de sus operaciones e información. Prioricemos la ciberseguridad con el desarrollo del marco legislativo necesario, así como la asignación de recursos para proveer servicios seguros, confiables y que protejan los datos sensibles de los mexicanos.