Para el ejercicio fiscal 2021, el pleno del Senado aprobó incrementar 6.57% las cuotas que deben pagar las empresas de telecomunicaciones por la explotación de las bandas de 800 MHz usadas para servicios móviles, así como el aumento en los precios de derechos de las bandas de 600 MHz, de 3.3 a 3.6 GHz y la banda L, próximas a licitarse y necesarias para el 5G; lo que convierte a México en un país que en plena pandemia encarece el costo de acceso a internet.
El espectro radioeléctrico es un bien de la nación y un insumo necesario para proporcionar servicios de telefonía e internet. Por su uso, los operadores deben pagar al Estado dos componentes: el que pagan cuando ganan la licitación y el que pagan anualmente por concepto de derechos.
El acceso a Internet es considerado como un derecho fundamental en muchos países del mundo. México lo reconoció en la Constitución como derecho humano en el año 2013. Durante esta crisis sanitaria, la conectividad nos ha permitido continuar con nuestras actividades diarias y tener acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.
Es por ello que propuse modificar las cuotas señaladas en el artículo 244-G de la Ley Federal de Derechos para que el incremento de las tarifas de la banda de los 800 MHZ fuera acorde a los montos definidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), autoridad experta en la materia. Dicha modificación no fue aceptada.
Lamento que nuestro país esté transitando en sentido contrario, otros países están concesionando de forma gratuita su espectro radioeléctrico con la finalidad de que las empresas de telecomunicaciones inviertan en la infraestructura que permita acelerar el despliegue de las redes de última generación. No podemos permitir que la falta de ingresos fiscales generen brechas digitales y comprometan la llegada de nuevas tecnologías que pueden hacer de México un país más competitivo.
El propio IFT, mediante un comunicado expresó su preocupación, detalló los efectos y propuso alternativas que no fueron escuchadas. Analistas coinciden que la aprobación de estos aumentos son inconstitucionales, debido a que en el artículo 28º, se establece que las licitaciones del espectro no deben tener un fin recaudatorio.
Diversos estudios, concluyen que México se encuentra entre los países que más cobran por la explotación de estas bandas y que si se incrementa el precio de este espectro, se cancela el despliegue de infraestructura, se inhibe el derecho de acceso a Internet, se incrementan tarifas, se acelera la desconexión y se frena la innovación, la competitividad y la economía digital.
No hay herramienta más poderosa de transformación social que Internet, quien está desconectado pertenece a la marginación del siglo XXI, la marginación digital.
Te invito a ver mi intervención ante el pleno del Senado en el que solicité no aplicar estos incrementos: