La orden ejecutiva se basa en acuerdos no vinculantes que la Casa Blanca firmó con empresas de IA.
El Presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva en la que se establecieron normas en torno a la IA generativa, antes de que los legisladores promulguen legislación al respecto.
La orden tiene ocho objetivos: crear nuevas normas para la seguridad de la IA, proteger la privacidad, promover la equidad y los derechos civiles, defender a los consumidores, pacientes y estudiantes, apoyar a los trabajadores, promover la innovación y la competencia, impulsar el liderazgo de EE.UU. en tecnologías de IA y garantizar el uso responsable y eficaz de la tecnología por parte del gobierno.
Se encomendó a varios organismos públicos la creación de normas de protección contra el uso de la IA en la creación de materiales biológicos, el establecimiento de buenas prácticas en materia de autenticación de contenidos y la creación de programas avanzados de ciberseguridad.
El Instituto Nacional de Normas y Seguridad (NIST) se encargará de desarrollar normas para evaluar los modelos de inteligencia artificial por el "red team" antes de su publicación, mientras que el Departamento de Energía y el Departamento de Seguridad Nacional deberán abordar la amenaza potencial de la inteligencia artificial para las infraestructuras y los riesgos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y de ciberseguridad. Los desarrolladores de grandes modelos de IA, como GPT de OpenAI y Llama 2 de Meta, están obligados a compartir los resultados de las pruebas de seguridad.
Para proteger la privacidad de los usuarios, la Casa Blanca pidió al Congreso que apruebe una legislación sobre privacidad de datos. La orden también busca apoyo federal para el desarrollo de técnicas y tecnologías de "preservación de la privacidad".
Parte de la orden prevé evitar el uso de la IA para discriminar, lo que incluye abordar la discriminación algorítmica y garantizar la equidad al utilizar la tecnología para dictar sentencias, libertad condicional y vigilancia. También ordena a las agencias gubernamentales que proporcionen directrices para los propietarios, los programas de beneficios federales y los contratos sobre cómo evitar que la IA exacerbe la discriminación.
A las agencias se les ordena abordar el desplazamiento de puestos de trabajo y elaborar un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. La Casa Blanca también quiere animar a más trabajadores a trabajar en el ecosistema de la IA y ordenó el lanzamiento de un Recurso Nacional de Investigación sobre IA para proporcionar información clave a estudiantes e investigadores de IA y acceso a asistencia técnica para pequeñas empresas. También ordenó la rápida contratación de profesionales de la IA para el gobierno.
La administración Biden publicó primero una Carta de Derechos de la IA en la que se definían una serie de principios que debían seguir los desarrolladores de modelos de IA. Más tarde se convirtieron en una serie de acuerdos entre la Casa Blanca y varios actores de la IA, como Meta, Google, OpenAI, Nvidia y Adobe.
Pero una orden ejecutiva no es una ley permanente y, por lo general, sólo dura lo que dura el gobierno de Biden. Los legisladores siguen debatiendo cómo regular la IA, aunque algunos políticos han manifestado su deseo de aprobar leyes al respecto antes de finales de año.
Los observadores del sector afirman que la orden ejecutiva supone al menos un paso adelante en la elaboración de normas sobre IA generativa.
Navrina Singh, fundadora de Credo AI y miembro del Comité Asesor Nacional de Inteligencia Artificial, afirmó que la orden ejecutiva es una señal clara de que Estados Unidos se toma en serio la IA generativa.
"Es el paso correcto en este momento, porque no podemos esperar a que las políticas sean perfectas al principio, mientras aún se discute la legislación", dijo Singh. "Creo que esto demuestra realmente que la IA es una prioridad máxima para el gobierno".
Fuente: The Verge
