Una economía incluyente permite que todos los ciudadanos tengan acceso a más y mejores productos y servicios, así como la oportunidad de decidir por los que ayudarán a mejorar su bienestar y el de sus familias. La libre competencia propicia que los ciudadanos cuenten con opciones regulando el mercado de acuerdo a la oferta y demanda, además es un factor para fomentar la innovación y la productividad, el Estado tiene el papel primordial de generar las condiciones para lograr una economía que incluya a todos.
La preocupación del Estado Mexicano por vigilar y promover la libre competencia, data desde antes del Congreso Constituyente de 1917. El día 27 de enero de 1917, hace 103 años, se aprobó la minuta del artículo 28 constitucional, en el que se estableció que “ En la República Mexicana no habrá monopolios ni estancos de ninguna clase…”, y que “la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia …. todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de determinada clase social”.
El mandato de la Comisión Federal de Competencia Económica, fue establecido en el artículo 28 Constitucional en 1993. Derivado de este artículo, y de acuerdo con la información publicada en su sitio web, la COFECE tiene la responsabilidad de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre concurrencia en el país, para que los mercados funcionen eficientemente, en favor de los consumidores.
Su principal objetivo es que existan las condiciones para que las empresas, comercios, negocios y profesionistas que proveen bienes y servicios puedan competir entre ellos. Esto beneficia a todos, ya que las empresas tienen que mejorar la calidad de sus productos y servicios, reducir costos para poder otorgar un precio más bajo, y brindar un servicio de mayor calidad, para que los consumidores puedan elegir entre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades. Lo anterior es aplicable a empresas mexicanas y extranjeras en nuestro territorio.
La importancia de que la COFECE sea un un órgano desconcentrado, incentiva la imparcialidad de sus acciones, así como de la asignación de su presupuesto. Es necesario proteger la autonomía de este organismo, a fin de promover y asegurar la competencia económica, así como evitar el uso político de esta autoridad.
Las acciones de la COFECE son indispensables para regular los mercados y vigilar su mejor funcionamiento en beneficio de los ciudadanos. Por ejemplo, en 2020 la COFECE aplicó multas por un total de 658 millones 457 mil pesos a empresas en el sector salud por coordinar de manera ilegal sus ofertas en licitaciones del IMSS e ISSSTE, pactar precios de venta al público, así como establecer condiciones de exclusividad en la venta y compra en el mercado de oxígeno. Ahora más que nunca, es imprescindible garantizar la comercialización justa y precios accesibles de medicamentos y otros insumos médicos como los tanques de oxigeno. Como en este caso, la adecuada regulación y vigilancia de los mercados ayuda a salvar vidas.
Si bien es cierto que toda institución y órgano de gobierno tiene áreas de oportunidad en las que se puede trabajar, ¿por qué no acotar los cambios y revisiones a esos problemas en particular?. Los ciudadanos necesitamos de organismos como la COFECE para poder tener acceso a una variedad de productos y servicios en condiciones justas.