Este martes 1º de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Tener presente esta fecha, no solo es importante porque tenemos que evitar que esta epidemia se extienda, sino también porque tenemos la labor de salvaguardar el futuro de personas infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Recordemos que México, como miembro de la ONU, adherente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la “Declaración Política sobre el VIH y el SIDA”, tiene el compromiso global de contribuir a la meta de poner fin a la epidemia para el 2030. Se estima que en nuestro país el número de personas seropositivas es de 200,000.
Es un hecho que la estigmatización relacionada con el VIH y el SIDA tiene costos económicos, sociales y de salud para las personas que viven con estas condiciones, sus familias y sus comunidades. Por lo tanto, resulta necesario abordar , la discriminación y otras barreras legales de forma paralela a las medidas médicas/sanitarias, así como adecuar los marcos normativos y legislativos para reducir las causas que potencializan la vulnerabilidad al VIH.
Por su parte, el gobierno mexicano debe asegurar el acceso y progresividad de los derechos humanos para todas las personas, sin importar su condición de salud. Todavía hay mucho por hacer, desde el Senado he presentado propuestas para:
Adicionar fracciones al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para prohibir, exigir, solicitar o coaccionar a cualquier persona a que se realice estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Así como el despido o coacción para renunciar por ser portadora, familiar, cónyuge, concubina o dependiente de una persona portadora de VIH.
Modificar la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y Ley General de Salud para prohibir a las Instituciones negar la atención o contratación de seguros, por cualquier motivo considerado como discriminación e incluir en las normas oficiales mexicanas la opinión de CONAPRED para evitar actos de discriminación.
La evidencia de más de tres décadas ha llevado a ONUSIDA a asegurar que las estrategias coercitivas, no solo violan los derechos fundamentales, sino que suponen un obstáculo para alcanzar la meta de acabar con la epidemia, pues alejan a las personas de los servicios de atención y tratamientos que requieren, profundizando temores y estigmas.
Este 1 de diciembre, hagamos conciencia no solo de lo que nos planteamos hacer en un futuro, sino de lo que cada uno podemos hacer el día de hoy. Eliminemos los obstáculos que hacen una gran diferencia para el bienestar de miles de personas seropositivas y sus seres cercanos.