Desde que inició el confinamiento por la pandemia de COVID-19 todos nos hemos visto en la necesidad de adaptar nuestra vida diaria para proteger nuestra salud y continuar con nuestras responsabilidades cotidianas. Sin duda, las nuevas condiciones modificaron la dinámica de todos los hogares, donde las mujeres han sido impactadas de manera mucho más profunda.
El confinamiento, cierre de escuelas y otras restricciones de movilidad, junto con la saturación de los servicios de salud y otros servicios esenciales - como refugios y líneas de atención a víctimas - han contribuido a intensificar todo tipo de violencia de género, particularmente, la violencia doméstica.
La concentración de las mujeres en el trabajo informal y en empresas pequeñas, así como en sectores más vulnerables a la contracción (turismo, manufactura, comercio al por mayor y menor) las han colocado en mayor riesgo que los hombres de perder su empleo o de hacer frente a una reducción en su nivel de ingresos. El porcentaje de mujeres desempleadas ha aumentado y supera al de hombres.
Sumado a esto, debido a las restricciones sanitarias impuestas para frenar los contagios de COVID-19, millones de mujeres se han visto obligadas a abandonar la fuerza laboral por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, incrementado su dependencia económica y empujandolas a la pobreza.
De acuerdo con el Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la crisis generada por la pandemia ha desencadenado un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de autonomía económica de las mujeres y su participación en la fuerza laboral.
Según un informe la tasa de participación femenina en el mercado del trabajo pasó de 52% a 46% entre 2019 y 2020. Mientras tanto, la tasa masculina pasó de 73.6% a 69%. Cerca de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza, 23 millones más que antes de la pandemia.
El informe hace notar que en la región las mujeres son parte crucial en la primera línea de respuesta a la pandemia ya que 73.2% de los empleados del sector salud son mujeres quienes enfrentan, además de largas jornadas y altos riesgos laborales, persistente discriminación salarial con ingresos 23.7% inferiores a los de los hombres en el mismo sector.
El aumento de la desigualdad de género por la pandemia es evidente y es importante reconocer que tendrá un impacto a largo plazo en la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y en la la toma de decisiones en todos los ámbitos.
Es imposible desarrollarse plenamente en un ambiente permeado por la violencia y la desigualdad, es momento de priorizar políticas que, por ejemplo, promuevan la participación laboral de las mujeres y garanticen el acceso a habilidades y herramientas digitales que faciliten su autonomía económica. La dependencia económica es uno de los principales factores que inciden en la violencia doméstica.
Ha sido reiterado y bien documentado que la igualdad de género y la participación de las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones legislativas, políticas y presupuestarias tienen un efecto multiplicador del bienestar y son la base para construir un futuro próspero y sostenible.