Navegar en Internet, también contamina.

Una de las consecuencias de la crisis sanitaria por el Covid-19, ha sido el uso masivo de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, pagos electrónicos, compra de vídeo bajo demanda o compras en línea. Pero, ¿Nos hemos preguntado cuál es el impacto que el uso de estas tecnologías tienen en el medio ambiente? Todas las actividades de los seres humanos tienen efectos en la naturaleza, y hoy más que nunca, debemos ser conscientes de sus implicaciones.


Este uso intenso de plataformas tecnológicas implica una emisión de carbono y uso de energía que muchos ignoramos. Hacer una publicación en una red social por ejemplo, supone el consumo de energía que va desde el dispositivo que usamos en nuestra casa, los aparatos y antenas que transmiten los datos, la infraestructura de procesamiento de información (mejor conocidos como centros de datos), hasta el consumo energético por almacenar esos datos en Internet por un tiempo indefinido.


Los centros de datos son los lugares físicos que albergan la infraestructura y equipos de tecnologías de la información utilizados para procesar, almacenar y transmitir la información digital; estos equipos generan calor, para funcionar necesitan mantener una temperatura y niveles de humedad específicos, así como energía eléctrica suficiente para garantizar su funcionamiento ininterrumpido. Alrededor del 40 % del consumo de energía de los centros de datos se destina a su enfriamiento.


De acuerdo a un artículo de la Duke University hacer una búsqueda en Google emite 0.2 g de CO2, mirar un video de YouTube por solo 10 minutos emite 1 g de CO2, y poseer una cuenta de Gmail durante un año emite 1200 g de CO 2. Existe una métrica estándar para medir la eficiencia energética de los centros de datos (PUE). Esta medida ha permitido a algunos de los gigantes tecnológicos informar y establecer estrategias para reducir su consumo energético.


Empresas del sector han comenzado a transparentar este tipo de información. Por ejemplo, en el informe “Google Environmental Report 2019” la empresa norteamericana dio a conocer que cada usuario de Gmail consumió 2.2 kWh y generó 1.2 kilos de dióxido de carbono. En el reporte también expresan que sus servidores usan menos energía por usuario "que una luz encendida durante 3 horas" o que “usar Gmail en el ámbito corporativo puede ahorrar casi 80 veces más energía que utilizar un sistema de correo electrónico para uso doméstico o gratuito”; lo anterior debido a que los servicios empresariales están por lo general alojados en centros de datos altamente eficientes que operan en promedios más altos el uso del servidor respecto a los que almacenan servicios gratuitos.


Estas cifras nos dan una idea de por qué es importante que los centros de datos de las grandes compañías tecnológicas tomen acciones para reducir su huella ambiental. Hace algunos meses, el Gobierno de México anunció un plan de inversión de la empresa Microsoft, llamado 'Innovar por México' que compromete 1,100 millones de dólares en los próximos 5 años para “crear centros de datos, impulsar emprendedores y apoyar en la recaudación fiscal”.


Debemos cuidar que los centros de datos que se establezcan en nuestro país, sean instalaciones de alta eficiencia energética, que tengan políticas que reduzcan el impacto climático y aprovechar la innovación para privilegiar el uso de energías renovables para su funcionamiento. El Gobierno de México tiene como herramientas la Ley de Transición Energética, e instituciones como la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía que pueden ayudar en la investigación y desarrollo de políticas que establezcan prácticas avanzadas en el manejo de la energía que se utiliza cuando navegamos en Internet.


Los programas e iniciativas para contribuir al acceso a la tecnología digital para personas y organizaciones en todo el país deben reconocerse sí. Sin embargo, no podemos olvidar que este tipo de iniciativas deben de ir acompañadas de medidas de mitigación e impacto al medio ambiente, además de mecanismos que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de organizaciones civiles y de las comunidades en donde se implementen.