En días pasados el pleno del Senado aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal inicie los trabajos para la adhesión de México al Convenio sobre Ciberdelincuencia y concluya la etapa de evaluación del marco jurídico vigente en esta materia.
El Convenio de Budapest es único en su tipo y constituye una especie de guía, “ley modelo” o “acuerdo marco” para que los gobiernos implementen dentro de su ordenamiento jurídico nacional la legislación pertinente para investigar y perseguir penalmente:
los delitos cometidos utilizando tecnología como pueden ser el Cyberbullying, phishing, grooming, sexting o malware;
aquellos cometidos contra las infraestructuras tecnológicas o sistemas, como los hackeos, ransomware, dds, como los ocurridos contra bancos o nuestras dependencias gubernamentales y,
los delitos relacionados con el contenido que se comparte en la red como es la pornografía infantil.
Un delincuente ubicado en Europa puede afectar la integridad de un menor de edad mexicano, utilizando infraestructura tecnológica alojada en asía, por ello, la ciberdelincuencia es una de las prácticas criminales transnacionales que más quedan impunes, los gobiernos tienen una limitante para perseguir estos delitos, y son las fronteras, así como la asimetría respecto a sus capacidades técnicas y humanas, para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.
En la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por 65 naciones de todo el mundo. Incluyendo algunos de Latinoamérica y el Caribe como Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Paraguay, Chile y Argentina.
Que el Ejecutivo Federal concluya la adhesión al Convenio de Budapest, permitirá a nuestro país fortalecer las acciones nacionales para incrementar la eficacia de las investigaciones y procedimientos contra los ciberdelitos, infracciones de derechos de autor, fraudes electrónicos, pornografía infantil, delitos de odio y violaciones de seguridad y estabilidad de la red, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional.
La aprobación de este instrumento internacional, implica de acuerdo a R3D, la creación de una legislación especial o la adición o modificación de otras leyes u ordenamientos del orden jurídico nacional, un gran trabajo legislativo sin duda, tomando en consideración que hasta 30 leyes federales vigentes, tendrían que ser armonizadas.
Los tipos penales enlistados en este tratado, deben incorporarse a nuestro Código Penal Federal como ya lo he propuesto en una iniciativa, definiendo de forma clara, precisa y exacta las conductas que los configuran así como los máximos y mínimos de pena aplicable para cada uno.
Sin cooperación internacional no es posible construir estrategias de prevención, ni acciones de investigación y persecución de los delitos. Sin cooperación internacional todos los esfuerzos que México realice en la materia, absolutamente todos, se quedarán cortos.
En el marco de esta Semana Nacional de la Ciberseguridad, aprobada por el Pleno de esta asamblea hace casi dos años, resulta oportuno aprobar este importantísimo punto de acuerdo, que puede ayudar a mantener un ciberespacio libre y seguro.