La crisis sanitaria internacional por COVID-19 nos ha recordado que la salud es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad. Cuando hablamos de salud, debemos evitar enfocarnos solamente en los aspectos clínicos o epidemiológicos. Durante las semanas en que el mundo vivió las mayores restricciones de movilidad y el confinamiento en casa, diversos países reportaron un incremento en la incidencia de depresión y ansiedad, que de acuerdo a la ONU "constituyen algunas de las mayores causas de sufrimiento en nuestro mundo".
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar y la define como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Los problemas asociados a la salud mental no son menores, la OMS ha dado a conocer estudios que indican que en el año 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial y que alrededor de 450 millones de personas sufren algún tipo de afectación psicológica.
En nuestro país, la Secretaría de Salud estima que alrededor de 15 millones de personas sufren depresión, ansiedad, psicosis, trastorno limítrofe, trastorno obsesivo, esquizofrenia, manías, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad. Estos pueden originarse por múltiples factores; genéticos, hormonales, neurológicos, ambientales, sociales y/o accidentes. Por eso, su tratamiento requiere de un equipo multidisciplinario, estudios avanzados, y medicina controlada que, con frecuencia, implica una carga económica importante para quien lo padece.
La salud mental tiene un ingrediente adicional que dificulta su atención: la estigmatización de la sociedad. Lamentablemente, creencias y actitudes negativas hacia quienes tienen alguna afección son frecuentes. Estas situaciones pueden provocar que las personas se resistan a buscar ayuda profesional, que sufran discriminación escolar o laboral; hostigamiento, violencia física o acoso.
Sin duda, en nuestra legislación existen deficiencias y vacíos que desde el Senado tenemos la responsabilidad de abordar para actualizar nuestro marco normativo conforme a principios éticos, sociales, científicos y legales. Debemos recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Asimismo, el Gobierno de México el 30 de marzo de 2007 ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en la cual se reconoce el respeto de la dignidad inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad y su derecho a preservar su identidad.
Este instrumento recomienda a los estados firmantes la no utilización de términos que estigmatizan a las personas con discapacidad tales como: "trastornos mentales" y "enfermos mentales", el uso de tratamientos forzosos y establece que la reclusión de personas por el hecho de que supongan un peligro para sí mismas o para los demás es una medida ilegal y arbitraria.
La OMS también ha formulado algunas recomendaciones a las naciones para promover y proteger los derechos humanos de las personas con padecimientos que afectan su salud mental, de las cuales destacan:
Cambiar actitudes y mejorar la sensibilización. Velar por los derechos humanos dentro de las instituciones de salud mental. Apoyar la creación y/o el fortalecimiento de organizaciones de personas con este tipo de padecimientos. Reemplazar instituciones psiquiátricas por atención comunitaria. Aumentar la inversión en salud mental.
No puede existir bienestar en la sociedad sin un acceso universal y efectivo a la salud, y no puede existir una salud integral si no atendemos todos los aspectos de nuestro bienestar mental. En el Senado tenemos la oportunidad histórica para construir una sociedad más incluyente, menos desigual.
A través de un proceso colaborativo, que escuche e integre las voces de las organizaciones de la sociedad civil. No la dejemos pasar.