Hablar de apertura gubernamental en los procesos legislativos puede convertirse en un lugar común si no transformamos radicalmente las formas en la que realizamos nuestras funciones, y en las en las que integramos a los distintos sectores de la sociedad en los procesos de toma de decisiones. Cuando nos olvidamos de repensar, año con año, en mejoras que vayan a la par de la evolución de la tecnología y de las necesidades de información de la sociedad, nos alejamos de alcanzar un modelo de gobernanza auténticamente democrático, diverso e incluyente.
Durante los procesos de aprobación de algunas legislaciones o cambios constitucionales se han abierto espacios para escuchar las voces de personas expertas, víctimas, académicas, y de la sociedad civil organizada. Este ha fue el caso, por ejemplo, de la reforma constitucional que dio vida a la Guardia Nacional. A estos ejercicios les hemos llamado, a veces con ligereza,“parlamento abierto”, cuando en realidad, aunque son ejercicios de participación ciudadana, distan mucho de cumplir con todos los principios que un parlamento abierto implica.
Un verdadero parlamento abierto no solo abre espacios a la participación ciudadana en algunos temas, sino que transforma su forma de operar, sus prácticas y reglas, para incorporar una verdadera colaboración con la sociedad. Es decir, un parlamento abierto no son solo mesas de trabajo, o foros en los que escuchamos a la sociedad. Un parlamento abierto, no son solamentelas minutas de esas reuniones o la transmisión de las discusiones en vivo por redes sociales. Un parlamento abierto, no es la publicación de información sin formato de datos abiertos.
Un verdadero parlamento abierto, debería cumplir, al menos, con los principios contenidos en la Alianza que el Congreso firmó en 2014:
1. Derecho a la información: garantizar el derecho de acceso a la información que producen, poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos y plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla y oportuna, sin necesidad de justificar la solicitud.
2. Participación ciudadana y rendición de cuentas:promover la participación de las personas interesadas en las actividades legislativas; utilizar mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como acciones de control realizadas por sus contralorías internas.
3. Información parlamentaria: publicar y difundir de manera proactiva la mayor cantidad de información relevante, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, agenda parlamentaria, informes de asuntos internos e informes externos recibidos.
4. Información presupuestal y administrativa: publicar y divulgar información oportuna y detallada sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución, así como a los organismos que la integran.
5. Información sobre legisladores y servidores públicos:requerir, resguardar y publicar información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de los representantes.
6. Información histórica:presentar la información de la actividad legislativa que conforma un archivo histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos.
7. Datos abiertos y no propietarios:presentar la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos, utilizar software libre y código abierto y facilitar la descarga masiva de información en formatos de datos abiertos.
8. Accesibilidad y difusión: asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público; promover la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos.
9. Conflictos de interés:regular, ordenar y transparentar las acciones de cabildeo, contar con mecanismos para evitar conflictos de intereses y asegurar la conducta ética de los representantes.
10. Legislar a favor del gobierno abierto:aprobar leyes que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las funciones de la vida parlamentaria se incorporen estos principios.
Estos principios reconocen a un parlamento abierto como herramienta fundamental para la consolidación de un Estado verdaderamente democrático. Por eso, a pesar de los avances que se han logrado hasta hoy, todavía no podemos decir que hemos logrado un parlamento abierto en nuestro país. Para lograrlo es necesario no solo modificar nuestras leyes y reglamentos, sino más colaboración con la sociedad, más transparencia, más participación, más datos abiertos y más rendición de cuentas: un parlamento abierto implica un cambio radical en cómo entendemos el poder y el ejercicio del poder.
La buena noticia es que durante lo que va de esta Legislatura, senadores y senadoras de casi todos los grupos parlamentarios hemos presentado diversas iniciativas de reforma tanto a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, como al Reglamento del Senado. Iniciativas que buscan institucionalizar un modelo de parlamento abierto. El reto es que estas se materialicen, y que las reformas que se aprueben lo hagan con visión de apertura integral y colaborativa, sin medias tintas y sin regateos.